Constituyente aprueba en plenaria ampliación hasta el 14 de diciembre

La Asamblea Constituyente decidió pedirle al Congreso Nacional que amplíe su periodo de sesiones hasta el 14 de diciembre. En una sesión que se prolongó por más de seis horas, los 217 representantes que estuvieron presentes en la plenaria se enfrascaron en una discusión que parecía estéril e hizo temer que no se llegara a los dos tercios requeridos.

Al final, lograron que se prorrogue el plazo de deliberaciones: 170 asambleístas votaron por el Sí, 22 por el No, 14 se abstuvieron y ocho no votaron. Eso fue para aprobar la resolución, pero como el documento fijaba dos fechas, 6 y 14 de diciembre, hubo que hacer una nueva votación. En ella, 150 se inclinaron por el Sí, ocho por el No, 26 se abstuvieron y 25 no votaron. Con ello se alcanzó dos tercios de los presentes para acordar la fecha. Sin embargo, para llegar a esa votación se tuvo que pasar por discursos arduos. El eje de discusión lo constituyeron las bases sobre las que se redactó el proyecto de resolución. Podemos, durante toda la plenaria, reclamó lo autoreferencial del documento, ya que se basaba en el artículo 1 del Reglamento Interno de Debates de la Asamblea que destaca el carácter originario de la misma. También criticaron que la única justificación para ampliar el plazo era que ya se estaba acabando el tiempo dado por la Ley Especial de Convocatoria (hasta el 6 de agosto) y los errores en los que incurrieron los asambleístas.

Mientras la oposición acusaba al MAS de haber perdido ocho meses en discutir si la Asamblea debía aprobar la nueva Constitución por dos tercios o mayoría absoluta, los masistas hablaban de la falta de un proceso preconstituyente y de la negativa de Podemos de concertar al interior de las comisiones.

Los podemistas, además, reclamaban la firma de un pacto que garantizara una nueva Constitución para dentro de cuatro meses. También exigían que la Comisión Visión de País “se ponga en regla”, es decir, apruebe su informe de mayoría por dos tercios. Incluso un asambleísta de Podemos, Alejandro Boris Medina, acusó a Félix Cárdenas de haber sido jefe de circunscripción del MIR, de haber manejado una ONG (Organización No Gubernamental) de dicho partido y no haber rendido cuentas. Cárdenas ya había abandonado la sesión y no pudo defenderse. Otros ataques se lanzaron contra esta comisión. Por momentos, se temió que no se alcanzarían dos tercios para ampliar la Asamblea. Las divisiones internas del MAS y de Podemos hacían imprevisible la votación final. Y eso se pudo intuir desde el inicio de la sesión, cuando dos asambleístas del oficialismo y uno de la oposición se quejaron de no haber sido incluidos en la lista de oradores y más aún cuando los jefes de bancada comenzaron a hablar. Pese a que habían estado en discusiones durante toda la semana pasada, cuando hicieron uso de la palabra se demostró que el debate no estaba acabado.

Así por ejemplo, Juan Zubieta (MCSFA) aseguró que los cuatro meses propuestos no garantizaban nada, llamó a los asambleístas a emular a Ecuador y ampliar la Asamblea sin plazo. Orlando Ceballos (MBL) abogó por el Estado plurinacional y el carácter originario de la Asamblea, y aseguró que no había necesidad de pedir permiso al Congreso. Esas palabras bastaron para que la oposición reaccionara. Hugo Oliva (MIR) reclamó que se le dijera a la población cuál era el motivo para el incumplimiento del plazo fijado, al saludar los festejos por el año de la victoria de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el referéndum autonómico.

La mayoría de los asambleístas de la oposición se refirió a la división de visiones políticas que afectan los acuerdos. Freddy Soruco (A3-MNR) fue uno de ellos y usó como ejemplo los impasses en la Comisión Defensa y Seguridad. Óscar Zamora (Camino Al Cambio), también pidió no ir más allá de las autonomías departamentales, mientras que Samuel Doria Medina (UN) dijo que aún se puede llegar a consensos, pero para ello pidió poner en regla a la Comisión Visión de País. En este punto coincidieron los asambleístas de Podemos Gamal Serham y Rubén Darío Cuéllar.

Por su parte, Carlos Romero (MAS) cargó contra la oposición y aseguró que se quejaba por estar en contra del cambio, al cual definió como irreversible. Así transcurrió el tiempo hasta las 23:45, al filo de las seis horas de sesión y con la lista de oradores agotada. Cuando la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, se disponía a abrir la votación, hubo voces que reclamaron el uso de la palabra. Álvaro Azurduy, Jorge Lazarte y Rodolfo Rivas fueron los más molestos porque no pudieron participar de la ronda de oradores. A ellos se sumó Pedro Lima que incluso denunció haber sido agredido verbalmente por el primer vicepresidente Roberto Aguilar.

Al final, se aprobó una moción de suficiente discusión y se ingresó a votar. Así, la Constituyente logró extender su periodo hasta el 14 de diciembre de 2007 y definió un nuevo cronograma, que incluye la ampliación de trabajo en comisiones hasta el 13 de julio, las comisiones mixtas hasta el 27 y la aprobación del texto en grande hasta el 6 de agosto.

Ahora, el Congreso tiene la palabra. Según Doria Medina, un mes es un plazo muy apretado para que refrenden esta decisión, ya que también allí será complicado llegar a acuerdos.

DIVISIÓN

La mayoría de los asambleístas de la oposición se refirió a la división de visiones políticas que afectan los acuerdos.

AL ESTADO LE COSTARÁ UNOS BS 41 MILLONES

“Somos originarios acá dentro de la plenaria, pero reconocemos que somos derivados cuando se trata de pedirle plata al Tesoro General de la Nación”, dijo el podemista Wilder Vaca, cuando recordó que el único motivo por el que el MAS aceptaba la aprobación de la prórroga de la Asamblea Constituyente por el Congreso era la necesidad de fondos para seguir pagando sueldos y a los funcionarios por cuatro meses más.

Ayer, desde La Paz, el ministro de Hacienda, Luis Arce, aseguró a ANF que el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsará lo necesario para garantizar el funcionamiento de la Asamblea.

Recordó que el presupuesto mensual de la Constituyente sumaba Bs 9,1 millones, por lo que en cuatro meses y medio de ampliación se deberán erogar Bs 40.950.000.

Arce aseguró que tomará contacto con la Asamblea para definir un presupuesto y las medidas necesarias para garantizar que los recursos lleguen hasta Sucre. Por otro lado, el diputado de Podemos Edwin Jiménez denunció ayer, según Los Tiempos, que asesores de la Unidad Técnica de Apoyo a la Asamblea Constituyente (UTAC) perciben sueldos superiores a los Bs 14 mil, vulnerando las disposiciones legales del actual Gobierno.

La duda nació, según dijo, del destino de los 9.114.000 bolivianos que el TGN le asignó a la REPAC para su funcionamiento, al margen de la cooperación internacional.

Jiménez anotó que ante ese requerimiento el Ministerio de la Presidencia le negó información porque la Asamblea estaba por encima de los poderes constituidos. El parlamentario denunció que esta no es la primera negativa a reportar los gastos de la Asamblea y eludir la fiscalización de los legisladores, también pidió cuentas sobre los gastos de la instalación de la Asamblea, el 6 de agosto, porque considera que hubo gastos inflados.

RESOLUCIÓN APROBADA

– Considerando. Que pese a los esfuerzos de la Asamblea y debido a factores internos y externos no se logrará cumplir con los plazos.

– Considerando. Que la ley de convocatoria determina un periodo de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año.

– Considerando. Que la Asamblea tiene la misión histórica de aprobar una nueva Constitución, tarea que no puede quedar inconclusa por lo cual se hace imprescindible la ampliación.

– Considerando. Que la ley de convocatoria señala que la Asamblea establecerá su propio reglamento.

– Considerando. Que haciendo uso de esa atribución, la Asamblea se dotó de su propio reglamento cuyo primer artículo determina que es originaria porque radica en la voluntad de cambio del pueblo como titular de la soberanía de la nación.

– Ampliación. El nuevo plazo de la Asamblea es hasta el 14 de diciembre.

– Las representaciones políticas se comprometen a lograr los consensos necesarios para la aprobación de la nueva Constitución.

– La determinación aprobada será remitida al Congreso para efectos de procedimiento constitucional y fines consiguientes de ley. – Los informes de comisiones se presentarán hasta el 13 de julio; las comisiones mixtas trabajarán hasta el 27 de julio. Hasta el 6 de agosto se pretende aprobar en grande el proyecto de la nueva Constitución.

– Inmediatamente inicia el trabajo de la Comisión de Concertación conformada por la Directiva, los jefes de bancada y la comisión inherente al tema por tratar.