Finalmente el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados finales de las Elecciones Judiciales 2011.
Varias son las conclusiones que podríamos sacar de este proceso inédito –no por ser inédito significa que sea mejor o peor por sí mismo- que pretendió democratizar la elección de las máximas autoridades del órgano judicial. Han sido bastantes los argumentos vertidos por un sinnúmero de personas del porque nos opusimos a que se elijan a los administradores de justica a través de este mecanismo. Ahora nos concentraremos en hacer un análisis de los resultados de los mismos.
Lo primero y contundente es que los votos nulos obtuvieron en promedio un 34% del Padrón Electoral (43% de los votos emitidos), que hubo un 20% de abstención y que los votos blancos sumaron un 12% del mismo Padrón Electoral (15% de los votos emitidos).
Si aceptáramos el desafío que lanzo el gobierno de convertir este proceso en una especie de plebiscito presidencial, tendríamos que decir que un tercio (1/3) de los electores habilitados votaron en contra del presidente, un tercio (1/3) voto a favor del presidente y un tercio (1/3) no se sintió motivado por ninguna de las dos posiciones para emitir su voto (ya sea no asistiendo a votar o votando en blanco).
A la hora de entrar al menudeo, tendríamos que decir que los más votados fueron el Dr Nulo, seguido por el Dr. Abstención y finalmente por el Dr. Blanco, en cada una de las cinco casillas a emitir un voto. Pues los más votados fueron Cristina Mamani Aguilar con 460,436 votos (9% del Padrón Electoral) para el Consejo de la Magistratura, Bernardo Huarachi Tola con 291,946 votos (6% del Padrón Electoral) para el Tribunal Agroambiental y Gualberto Cusi Mamani con 275,013 votos (5% del Padrón Electoral) para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Está por demás decir que el resto de los candidatos obtuvieron votaciones mucho menores.
Lo cierto es que el debate entre la legalidad y legitimidad vuelve a aflorar, mucho más si fue el partido de gobierno el que recurrió a esta diferenciación para descalificar las acciones de anteriores gobiernos que según ellos no gobernaban escuchando al pueblo, porque además no los representaban. Ahora se convierten en espadachines defensores a ultranza de la legalidad, la misma que ignoran constantemente en sus diferentes actuaciones de gobierno.
Lamentablemente no hemos resuelto el problema que la administración de justicia seguirá estando al servicio del poder político de turno y se convierta en un instrumento más de favorecer a quienes circunstancialmente lo detentan, perdiendo una oportunidad más de resolver sus problemas de fondo.
Dos hipótesis a futuro: la primera que cada uno de los candidatos electos después de su posesión se iluminen y les entre una dosis de ética y comiencen a actuar con racionalidad y apego a la Constitución; lo cual dudo sinceramente, ó la otra es que tengamos a estas masymas –y no me equivoque en la escritura- autoridades del órgano judicial validando todo lo que se le dé la gana al emperador Juan Evo Morales Ayma; incluyendo su habilitación para volver a ser candidato presidencial, generando la necesidad de un cambio ahora si en serio.
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