Para todos los que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho, es inaceptable la posibilidad de la instalación de cualquier régimen dictatorial.
Hemos venido sosteniendo a través del tiempo que ni el Presidente Evo Morales, ni el Vicepresidente Alvaro García Linera, ni el MAS han tenido, tienen, ni tendrán una vocación democrática. Pero nunca pensamos que por miedo a perder el poder, tuvieran que recurrir a tal cantidad de artimañas para conservarlo intentando instaurar una dictadura de las minorías. Permítanme explicar esta aseveración.
En las elecciones de diciembre del 2005, la mayoría de los bolivianos votaron por el MAS; ya sea por cansancio del viejo sistema político corrupto, prebendal e incapaz de atender las demandas de la población, o porque la idea de la “revolución” sedujo su nostalgia utópica juvenil.
Muy rápidamente la población en especial de clase media, acepto que era la hora del gobierno de las mayorías postergadas por el olvido y en el mejor de los casos el descuido de los diferentes gobiernos de turno. Había llegado el tiempo del gobierno de las mayorías, que además generó un efecto de “identidad étnica”. A medida que el gobierno se esforzó en polarizar al país entre los fieles al MAS y los infieles de los DEMAS, la atención se fue volcando a los “árbitros” para que fueran dirimiendo a favor de unos y otros. Los medios de comunicación, la administración de justicia y las Iglesias Católicas y Evangélicas fueron interpelados en el afán de coptar su posición.
Finalmente, las soluciones a las profundas diferencias políticas fueron resueltas a través de procesos electorales casi todos plebiscitarios; o estabas a favor del gobierno o estabas en contra del gobierno. Dado que el alto nivel de polarización, la atención se concentro en la trasparencia de los procesos electorales y las decisiones del “arbitro” en partidos; que a juzgar por las barras siempre parecían empatados, por lo que siempre un penal cobrado o no cobrado sembraba la duda de la “legalidad o ilegalidad” del resultado.
A pesar de haber demostrado la vulnerabilidad del Padrón Electoral, el gobierno pretende ignorar esta realidad que le permite realizar fraude y es más, se ha esforzado en elaborar un Proyecto de Ley Electoral que asegure que el 62% de la población urbana tenga el 33% de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el 38% de la población rural tenga el 67% de representantes en este Órgano Legislativo Nacional, formula que replica en los Órganos Legislativos Departamentales garantizando que su “control social” sobre las áreas rurales les permita manipular el voto. Por si esto fuera poco, pretender “importar” votos de bolivianos residentes en el exterior a través de los Embajadores y Cónsules de filiación MASista.
A sabiendas que: la Nueva Constitución Política del Estado ya ha sido aprobada y está en vigencia, la nacionalización ha sido un fracaso completo, la revolución moral ha sido una mentira, los narco-liberales dominan el territorio nacional sin ley y sin Dios, los contrabandistas tienen la protección desde la Presidencia, la inseguridad campea en las calles, la crisis económica lacera los bolsillos de los miles de trabajadores bolivianos por cuenta propia (profesionales, comerciantes, trasportistas, artesanos, microempresarios, etc.) y ante la incapacidad de gestión gubernamental, el MAS no desafía pretendiendo instalar la dictadura de las minorías pretendiendo aprobar una Ley a su medida, sin importar que ésta esté en contra de su propia Constitución. El fin justifica los medios.
¿Sera que los bolivianos hemos olvidado la última estrofa de nuestro himno nacional? Morir antes que esclavos vivir…
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